Vivienda en Canarias: por qué ya no hay casa ni para quien tiene trabajo

Durante años el problema de la vivienda se contaba como un problema de pobreza. Ya no lo es. Hoy faltan médicos y profesores en las islas porque no encuentran dónde vivir, y hay hoteles planteándose barracones para alojar a su propia plantilla.

Ese es el punto de partida de la conversación con Eloy Cuadra, escritor y activista social, en el episodio 13 de Efecto Folelé. Una conversación entre dos personas que se sitúan en puntos ideológicos distintos y que acaban coincidiendo en casi todo el diagnóstico.

¿Cuándo se sabe que el negocio ha ido demasiado lejos?

Cuando impide que un médico o un profesor viva en el municipio donde trabaja. Ese es el listón que propone Cuadra, y hace tiempo que se cruzó.

La consecuencia tiene nombres concretos. El piso patera: una vivienda alquilada donde conviven quince personas, con colchones por todas partes y camas que se usan por turnos, uno entrando a dormir donde acaba de levantarse otro. Y las caravanas: en el sur hay poblados enteros de gente viviendo en coches, rulos y tiendas de campaña.

También hay una forma más silenciosa de lo mismo. El Observatorio de Derecho Social ha descrito en Lanzarote un seminomadismo forzado: gente con trabajo estable que cada seis meses tiene que mudarse porque al propietario le sale más a cuenta el alquiler vacacional.

¿De dónde viene esto?

De varias cosas a la vez, y esa simultaneidad es lo que Cuadra llama la tormenta perfecta.

Primero, décadas sin invertir en vivienda pública, porque el mercado privado parecía resolverlo. Después, el boom inmobiliario de finales de los noventa y principios de los dos mil, con crédito fácil y constructoras improvisadas. Luego el pinchazo de 2008, el rescate bancario y la creación de la Sareb y el FROB, que dejaron en manos de los bancos un enorme parque de vivienda.

Y ahí entra el tercer movimiento: el gran trasvase. Esas viviendas que habían sido de particulares y pasaron a los bancos acabaron comprándolas fondos de inversión. En Canarias el impacto fue grande.

Encima de todo eso llega el boom turístico y el alquiler vacacional, que retira vivienda residencial del mercado. Cuando los colectivos en los que participa Cuadra empezaron a pedir que se regulara, se les respondió que aquello era economía colaborativa.

Hoy Canarias tiene el porcentaje más alto de vivienda vacacional de España.

¿Es verdad lo de las 211.000 viviendas vacías?

Es el dato que maneja el Instituto Nacional de Estadística para Canarias: 211.000 viviendas vacías, en torno a una quinta parte de todo lo construido en el archipiélago.

Hay quien discute la cifra, y Cuadra lo admite sin problema. Pero pone al lado el número que de verdad importa: los demandantes de vivienda pública en Canarias rondan las 30.000 familias. Aunque las vacías fueran bastantes menos de 211.000, darían de sobra para cubrir esa demanda.

Eso convierte el debate de la ocupación en una cuestión de proporciones. El porcentaje de vivienda ocupada en España es mínimo comparado con el de vivienda vacía. Para el propietario al que le ocupan su casa el problema es total, y nadie lo discute; pero convertirlo en la medida estrella de una campaña, mientras doscientas mil viviendas siguen cerradas, es decidir mirar hacia donde no está el problema.

¿Funciona topar los precios del alquiler?

No como se ha hecho. Cuadra, que viene del activismo por el derecho a la vivienda, es explícito: la ley estatal de 2023 carga el peso sobre el propietario, y sobre todo sobre el pequeño.

En Cataluña, donde se intentó aplicar el tope, el precio bajó alrededor de un 3%. Poco. Y a cambio se produjo un trasvase de vivienda del alquiler residencial hacia el vacío o hacia el vacacional. Si al propietario se le dice que no puede subir, no puede recuperar su piso y no puede casi nada, el propietario retira la vivienda del mercado.

El otro recetario tampoco le convence. Las ayudas al inquilino de 250 euros al mes no bajan el precio: si el propietario sabe que el inquilino cobra una ayuda, tiene un motivo más para subir. Y están diseñadas de forma que hay que ser casi pobre para cobrarlas, cuando sin ingresos demostrables nadie te alquila.

Su propuesta va por otro lado: dar el incentivo al propietario en lugar de al inquilino, a cambio de moderar el precio; acompañarlo de avales públicos y seguros que cubran el impago; y añadir un pago único para quien saque una vivienda del vacacional y la devuelva al alquiler residencial. No es un invento: en Alemania cerca del 30% del alquiler funciona con acuerdos de este tipo entre administración y propietarios.

Y, en el otro platillo, castigar la vivienda vacía. Un recargo en el IBI o un impuesto específico: si quieres tenerla cerrada, paga por tenerla cerrada.

¿Y construir? ¿No es esa la solución?

Construir es lento, caro y llega tarde. El programa plurianual de vivienda 2020-2025 prometía alrededor de 2.703 viviendas. Se entregaron unas 48.

No fue solo desidia. Llegó la pandemia, los materiales se dispararon y el Gobierno de Canarias sacaba licitaciones a las que no se presentaba ninguna constructora porque no le salían las cuentas. Hubo que actualizar los módulos.

El gobierno actual apuesta por la colaboración público-privada, pero eso ha traído un cambio de palabra que conviene no dejar pasar: ya no se habla de vivienda social, sino de vivienda asequible. En ese modelo, la mayor parte de la promoción va a mercado libre y una porción menor queda con alquiler tasado. Y aun así no aparecen tantos constructores dispuestos.

La otra vía ensayada, en 2025, es permitir que los fondos de la Reserva para Inversiones en Canarias se materialicen en vivienda. En San Isidro alguna SOCIMI ha comprado edificios vacíos para ponerlos en alquiler. Cuadra no lo ve claro: es dinero que no ha pasado por Hacienda compitiendo con quien sí paga impuestos, y de momento sin grandes resultados.

¿Qué pasa con el parque público que ya existe?

Que no se sabe bien ni en qué estado está. Hay informes de Hacienda y de la Audiencia de Cuentas, dice Cuadra, que señalan que ni el Instituto Canario de la Vivienda ni Visocan tienen control real de sus viviendas: cuáles están vacías, cuáles ocupadas, en qué condiciones.

Visocan, que en su día construyó, hoy funciona básicamente como casero. Su colectivo mantiene un pleito por el cobro del IBI a familias precarias, que sostienen que la ley no permite.

Y hay una parte más fea: viviendas públicas en manos de mafias que las abren y luego las venden por 5.000 euros o las alquilan como si fueran suyas. Eso, además del daño directo, envenena el debate: el caso minoritario sale en televisión y acaba pagándolo la familia que no tiene dónde ir.

Hay otra herencia que explica el agujero. En España lo público se ha entregado históricamente en propiedad —también aquí, con las viviendas sociales del siglo pasado— en vez de mantenerse como parque en alquiler. Lo que se construyó con esfuerzo de todos salió del parque a la primera.

¿Hay que limitar la compra de vivienda a extranjeros?

Es el punto más incómodo de la conversación, y Cuadra lo aborda de frente. Alrededor de un tercio de las viviendas que se venden en Canarias las compran extranjeros con alto poder adquisitivo. El canario, con los sueldos más bajos del Estado, compite por la misma casa con quien cobra el triple y puede teletrabajar o jubilarse aquí.

Su argumento es que no se trata de una excentricidad: Canadá ha limitado la venta de viviendas a extranjeros, y también lo tienen limitado Dinamarca, Malta y un territorio insular del norte de Finlandia. La objeción evidente es la libre circulación dentro de la Unión Europea, que deja poco margen con compradores comunitarios y empuja hacia medidas indirectas, de tipo fiscal.

Él lo resume así: esto no es xenofobia ni nacionalismo, es intentar preservar una cultura y una sostenibilidad mínimas, y que Canarias no acabe convertida en un parque temático. El dato que pone encima de la mesa es el de Fuerteventura, donde calcula que solo un 30% de la población es de allí.

Es una afirmación fuerte y conviene decir que es la suya, no un consenso. Pero el episodio no la esquiva ni la convierte en titular: la discute.

¿Por dónde se empieza?

Por lo que se puede hacer ya, que es el criterio que atraviesa toda la conversación. La regla sana es destinar un 30% del sueldo a la vivienda; en Canarias la media está por encima del 40%. Ese hueco no se cierra construyendo, porque construir tarda años, y la gente necesita casa ahora.

Se cierra movilizando lo que ya está levantado: las vacías, con incentivos y con recargos; las vacacionales, negociando el retorno de parte de ellas al alquiler residencial con seguridad jurídica para el propietario; y el parque público, sabiendo primero qué se tiene.

Y hay una consecuencia que no admite aplazamiento. Canarias tiene el índice de natalidad más bajo de España. No es casualidad: quien no puede emanciparse retrasa el momento de formar una familia hasta que deja de ser un momento. Mientras tanto, los jóvenes canarios se van a Centroeuropa a hacer los trabajos que allí nadie quiere, y aquí traemos a otros a vivir en pisos patera para hacer los que no queremos nosotros.

Ninguna de las dos mitades de esa frase es un accidente. Las dos son el resultado de decisiones que se toman —o que se dejan de tomar— en ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias. Y el acuerdo al que llegan dos personas que no piensan igual, en hora y pico de conversación, sugiere que el desacuerdo que impide resolverlo está más en los despachos que en la calle.

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Este artículo resume la conversación con Eloy Cuadra en el episodio 13 de Efecto Folelé. Las cifras y las valoraciones son las que él aporta en la entrevista.